El contenido íntegro de este informe (nº1.157) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es), y pinchando aquí.
Entre otras cuestiones, en el se deducen, que tras la adjudicación del contrato inicial con un presupuesto de 579.242.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 46 meses, cuando ya se encontraba iniciada la ejecución del contrato, la UTE planteó un incremento en los precios de los materiales, que la Autoridad del Puerto de Gijón aceptó y aprobó con una modificación del contrato por 250.924.000 (IVA incluido). El importe final de la obra certificada, junto con la revisión de precios y el IVA, alcanzó un total de 837.063.000 euros, con un retraso de tres años en su puesta en funcionamiento.
La necesidad de las obras de ampliación del Puerto de Gijón se justifico como un Plan estratégico en el cual la previsión de crecimiento era del 34,5%, sin embargo, en lugar de producirse un aumento del tráfico, se produjo una disminución del tráfico total del 30% entre los años 2005 y 2011.
La Comisión Europea aprobó una ayuda del Fondo de Cohesión para cubrir parte de los gastos de este proyecto, fijándose el porcentaje de la ayuda en el 55%, hasta un máximo de 247.500.000 euros. Del importe total de las certificaciones de las obras de ampliación, sólo se consideraron como gastos elegibles 530.982.000 euros, cuyo porcentaje subvencionable excedía en 44.540.000 el límite establecido.
Del importe máximo, se han cobrado 198.000.000 euros, para el resto, no se producirá su abono según ha comunicado la Comisión Europea y está en riesgo la devolución del importe recibió al existir una propuesta de recuperación de la totalidad de los pagos realizados y de liberación de los compromisos pendientes de desembolso.
Además de esto, la Autoridad Portuaria de Gijón, sufre una situación financiera delicada, ya que para asumir el sobrecoste de las obras aprobó una operación de endeudamiento de 215.000.000 euros que le concedió Puertos del estado (A finales de 2014, el endeudamiento de la APG ascendía a 465.710.000, con una disminución de 48.276.000, desde 2010) y que tendrá que empezar a amortizar este año junto con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones.
Fuente: Tribunal de Cuentas
