La acusación popular solicita la comparecencia como testigo del expresidente Areces, que participó en al menos tres reuniones “fundamentales” del Consejo de Administración del Puerto a pesar de no ser miembro del mismo
El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN) ha solicitado a la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral y ha formulado escrito de calificación provisional frente a los 24 investigados en el ‘caso Musel’, un proceso judicial que se inició precisamente con la denuncia que OCAN interpuso ante la Audiencia Nacional. Lo ha anunciado este sábado Manuel Benayas, miembro del colectivo, en declaraciones a los medios de comunicación y acompañado por Javier Pintado y Luis Miguel González, de OCAN, y Gemma Arbesú, abogada del Observatoriu.
La acusación popular de OCAN estima que los hechos que detalla en su escrito de calificación -y que evidencia la connivencia entre el presidente y el director de la Autoridad Portuaria de Xixón con los directivos de las empresas que formaban la UTE Dique Torres- son constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, y fraude y exacciones ilegales.
“En total, hablamos de 24 acusados, para los que OCAN solicita penas de 184 años de privación de libertad y 641 de inhabilitación para empleo o cargo público, a repartir entre todos los participantes”, ha señalado Benayas. Asimismo, OCAN solicita la comparecencia como testigos de una serie de personas que resultan de interés para aclarar los hechos sucedidos, entre ellos el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Xixón, José María Pérez, y el expresidente Álvarez Areces. “Lo hacemos no por capricho sino porque Areces participó en al menos tres reuniones fundamentales del Consejo de Administración del Puerto, a pesar de no ser miembro del mismo. Además, estamos hablando de altos cargos nombrados por el Partido Socialista, una administración que impulsa la obra incluso habiendo informes como el de la OLAF que decían que no estaba suficientemente fundamentada la necesidad de realizar una obra de este calado”.
El representante de OCAN ha recordado que el ‘caso Musel’ tuvo lugar durante la adjudicación de las obras de ampliación y “en torno a una cuestión que resultó fundamental en el coste: un modificado de obras de casi el 50% sobre lo previsto, es decir, alrededor de 250 millones de euros”. En ese sentido, ha explicado que “la modificación fue consecuencia de no usar la cantera de Aboño, a pesar de que esta era la que el proyecto recogía para el suministro de materiales. En su lugar se utilizó la cantera de Tudela Veguín, propiedad de los Masaveu, y se hizo con pleno conocimiento. Desde el minuto uno se sabía que la cantera de Aboño no iba a poder ser utilizada y que por lo tanto iba a generar un sobrecoste brutal. La justicia debe aclarar qué pasó en la ejecución de este contrato, plagado, en nuestra opinión, de cuestiones escandalosamente llamativas e inaceptables en cualquier adjudicación pública. No puede ser que se tenga en cuenta que los materiales se van a traer de una cantera cuando ya se sabe de antemano que esa cantera no se va a usar. Se usa otra que está bastante más alejada, que va a suponer un aumento considerable de los costes y que va a tener como resultado una modificación de casi el 50%. Hay una base para pensar que se cometieron irregularidades gravísimas”. Asimismo, Benayas ha indicado que “al sobrecoste también contribuyó el hecho de que durante el proceso de ejecución de las obras no existió el más mínimo control sobre el movimiento de los materiales y sobre el coste que se estaba realmente utilizando en la ampliación de El Musel”.
Por otra parte, OCAN también solicita que se investigue el patrimonio de los investigados “porque en caso de que se demuestre que efectivamente hubo un enriquecimiento ilícito, estos deberían proceder a devolver aquellas cantidades provenientes tanto de posibles enriquecimientos ilícitos como de encarecimientos para la administración pública, ya que el erario público sufrió una pérdida considerable”.
