Oviedo, 20 ene (EFE).- El Observatorio contra la corrupción de Asturias (OCAN) y la Asociación de vecinos y amigos de Llanes (AVALL) han decidido personarse como acusación popular en la causa abierta por el Juzgado número 4 de Oviedo contra UGT-Asturias.
En concreto, este juzgado investiga un presunto uso irregular de fondos públicos destinados a UGT par impartir cursos de formación para el empleo y que podría constituir un delito contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones y falsedad documental.
Los presidentes de OCAN, José Ángel Gayol, y AVALL, Domingo Goñi, decidieron personarse a raíz de que el pasado martes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrase la sede regional de UGT y detuviese a seis personas vinculadas al sindicato, entre ellas, su ex secretario general Justo Rodríguez Braga.
Gayol ha asegurado hoy ante los medios de comunicación que llevaban tiempo pensando personarse en esta causa, pero que la actuación de la UCO precipitó su decisión.
En su opinión, se trata de unos «hechos graves» porque quienes deben trabajar para acabar con el paro «parece que se dedican a desviar fondos públicos».
«Parece que hay una cultura de la corrupción que une a UGT Andalucía con UGT Asturias, a Susana Díaz (presidenta de Andalucía) con Javier Fernández (presidente del Principado)», ha afirmado el representante de OCAN, organización vinculada a Podemos que también ejerce la acusación popular en los casos abiertos para investigar los sobrecostes del puerto de El Musel o la supuesta trama del agua de Aquagest.
El presidente de AVALL, por su parte, ha hecho un llamamiento a otros colectivos y asociaciones para que se sumen a esta acusación popular.
AVALL y OCAN comparten representación legal, en este caso el abogado Alberto Suárez, que ha afirmado que está a la espera de que el Juzgado número 4 responda a su petición, presentada el día 18, o les pida algún tipo de fianza para poder personarse en el caso, en el que el Gobierno asturiano está personado también como acusación particular.
Según Suárez, la acusación popular es una forma de que los ciudadanos formen parte de las decisiones judiciales ante una posible corrupción que les afecta porque ese dinero es público y deja de invertirse en sanidad o infraestructuras.
Fuente: El Comercio
