La “Mareína” es una buena muestra del entramado de corrupción en el que navega la Administración asturiana
Desde OCAN dudamos del compromiso del Gobierno socialista en su lucha contra la corrupción
Recientemente, se ha conocido que la titular del Juzgado número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, ha prorrogado la instrucción de la investigación de los contratos, por importe de 1.049.753 euros euros, que la Consejería de Sanidad del Principado suscribió con empresas del grupo La Productora entre los años 2007 y 2010. La Fiscalía ha detectado irregularidades en seis expedientes de contratación, como son, entre otros, los de asistencia técnica en la organización de los Centros de Formación al Consumidor de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, un taller de mediación en conflictos de consumo, otro de nuevas tecnologías y la organización formativa para los referidos centros de formación.
Desde OCAN consideramos que la “Mareína” es una buena muestra del entramado de corrupción en el que navega la Administración Pública asturiana. Nos encontramos con un elevado número de contrataciones públicas a empresas relacionadas con altos cargos de la Administración del Principado, y en particular con el Grupo La Productora, una sociedad creada por Jose Manuel Sariego, exsecretario del PSOE de Gijón, y vinculada a otros importantes cargos de la política asturiana. La “Mareína” ofrece indicios sólidos de la existencia de una organización empresarial destinada al saqueo de fondos públicos.
Pero además, nos llama la atención que alguno de estos altos cargos siguen gozando de la confianza de Javier Fernández. Como María Rosa Urdiales Garmón, que está imputada (ahora investigada) y fue nombrada recientemente Directora General de la de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo tras una larga carrera en puestos de confianza del Principado de Asturias desde 1993. ¿Es este el compromiso del Gobierno socialista en la lucha contra la corrupción? Dudamos mucho de este compromiso mientras no se tomen medidas legislativas efectivas y se lleve a cabo una gestión transparente y ajustada a la ley y a la ética en la contratación pública y en el nombramiento de altos cargos de la administración pública.
Así mismo, también nos preguntamos por el destino de esos fondos públicos. Queremos incidir en que sería muy importante conocer las raíces que originan la contratación fraudulenta de servicios públicos, pero también la meta final del dinero sustraído a la administración asturiana a través de esta ingeniería de contratación y corrupción.
