[perfectpullquote align=»full» cite=»» link=»» color=»#fff» class=»» size=»15″] El dinero de los sobrecostes podría haberse destinado a otros fines públicos y no a engordar los beneficios de empresas privadas [/perfectpullquote]
Cada día que pasa se siguen apuntalando las sospechas de ilicitud que ya denunció OCAN en la adjudicación del modificado de El Musel, y ello a pesar de los múltiples intentos por parte de la dirección de El Musel de ocultar y minimizar una actuación que ha supuesto un expolio para las arcas imposible de recuperar. Ahora es el Tribunal de Cuentas el que detecta nuevas irregularidades y, al mismo tiempo, confirma otras que desde OCAN ya habíamos denunciado.
En ese sentido, los informes del Tribunal de Cuentas reflejan que la adjudicación de la ampliación de El Musel se realizó conforme a criterios muy alejados de la igualdad y libre concurrencia que debe presidir un proceso de contratación pública. Todo apunta a que la Autoridad Portuaria estaba más preocupada del lucro de ciertas empresas que de la ejecución adecuada de la obra. Cada nuevo informe técnico o actuación judicial refuerza la impresión de que estamos ante un robo de guante blanco descomunal.
En OCAN estamos convencidos de que es imposible disimular durante más tiempo que la adjudicación de las obras de El Musel fueron un saqueo vergonzoso de las arcas públicas. Un dinero, saqueado a la ciudadanía, que podría haberse destinado a otros fines públicos y no a engordar los beneficios de empresas privadas. Cada euro que se lleva la corrupción es un euro menos en los bolsillos de la gente. Lo que nos indican los informes del Ministerio Público es que hubo irregularidades muy groseras y evidentes en los cobros de la UTE Dique Torres y en los pagos que hacía la Autoridad Portuaria.
Hay que recordar, que no es frecuente que el Tribunal de Cuentas se pronuncie de manera tan rotunda. Por ello, consideramos que a los responsables políticos del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria cada vez les resulta más difícil seguir mirando para otro lado cuando se trata de juzgar la gestión llevada a cabo en la ampliación de El Musel.
Por lo tanto, es evidente que hubo una grave dejación de funciones de control sobre la obra que estaba ejecutando la UTE Dique Torres. Nos sorprende mucho el hecho de que nadie advirtiera los escandalosos precios que se estaban abonando y cómo la UTE Dique Torres se beneficiaba presuntamente de sobrecostes en la piedra usada en la obra, pero también en contratos de asistencia y asesoramiento por los que se pagaba más de lo pactado con la responsabilidad contable y penal que ello podría conllevar. Desde OCAN seguiremos trabajando para que los responsables del mismo no queden impunes.
